PRESENCIA Y RECUERDO
FERNANDO BELAUNDE TERRY
Datos biográficos fundamentales
por Martin Belaunde Moreyra
Fernando Belaunde Terry nació en Lima el 7 de octubre de 1912. Fue el tercer hijo del matrimonio de Rafael Belaunde Diez Canseco y de Lucila Terry García, los dos de familias tradicionales del Perú y vinculadas a los sectores gobernantes del país, si bien en ese momento de fortuna personal limitada. Su familia paterna provenía de Arequipa y militó en las filas del Partido Demócrata que lideraba el caudillo Nicolás de Piérola, dos veces presidente del Perú, la primera durante la Guerra del Pacífico (1880-1881) y la segunda (1895-1899) como consecuencia de la revolución que derrocó al régimen autoritario del General Cáceres. El segundo gobierno de Nicolás de Piérola inauguró la llamada República Aristocrática, en la que al cabo de un tiempo se impuso el predominio del Partido Civil, de naturaleza muy conservadora y que terminó excluyendo a Nicolás de Piérola y al Partido Demócrata de las riendas del poder.
El abuelo paterno de Fernando Belaunde Terry, don Mariano Belaunde y La Torre, se dedicó con éxito a la agricultura y al comercio y fue elegido diputado en los gobiernos de Nicolás de Piérola y Eduardo López de Romaña. Bajo el segundo fue Ministro de Hacienda en el año 1900. Sin embargo a raíz de una complicada operación comercial en el exterior cuando desempeñaba dicha cartera, fue acusado, desaforado y removido de su cargo, sufriendo además un grave quebranto financiero que condujo a la pérdida de todo su patrimonio. La quiebra y subsiguiente prisión de Mariano Belaunde, a pesar de su posterior rehabilitación por una ley del Congreso que reconoció la injusticia cometida en su agravio, marcó el destino de su familia y sirvió de impulso para la carrera pública de sus hijos Víctor Andrés y Rafael.
Víctor Andrés fue un destacado intelectual, político y diplomático, embajador en las Naciones Unidas durante muchos años y Presidente de su Asamblea General en 1959. Rafael, el padre de Fernando, comenzó su carrera como secretario personal de Nicolás de Piérola en sus años finales. Asimismo trabajó en la administración pública llegando a ser Oficial Mayor del Senado, embajador en México y Chile en los años treinta y Presidente del Consejo de Ministros en 1945 en el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero. Los dos hermanos sufrieron un largo exilio en la década del veinte durante la presidencia de Augusto B. Leguía (19191930) por oponerse a sus actitudes dictatoriales.
Fernando Belaunde Terry vivió su infancia en Lima, y se educó en el Colegio de La Recoleta, en ese entonces uno de los más prestigiados del Perú. Cuando su padre fue deportado por Leguía en 1924 la familia viajó a Francia donde él completó su educación secundaria. En 1928 Rafael fue contratado como profesor en la recién fundada Universidad de Miami, en la que Víctor Andrés dirigía el departamento latinoamericano. A raíz de ello su familia se trasladó a los Estados Unidos y en ese país Fernando inició su carrera de Arquitecto, primero en la Universidad de Miami y luego en la de Texas, graduándose en 1934.
Como joven profesional Fernando Belaunde Terry hizo sus primeras prácticas en Estados Unidos y México. En 1937, luego de más de doce años de ausencia, regresó al Perú para dedicarse al ejercicio de su profesión. Ese año fundó la revista Arquitecto Peruano, que él mismo condujo hasta la década del sesenta y que fue animadora de un movimiento renovador en el campo de la arquitectura. En los años siguientes Fernando trabajó activamente en el ámbito profesional, pero también se dedicó a la enseñanza universitaria y por consecuencia natural a la política, en momentos que en el Perú soplaban nuevos vientos democráticos coincidentes con la terminación de la Segunda Guerra Mundial. En 1942 se casó con su primera esposa, Carola Aubry, con la que tuvo tres hijos, Carolina, Fernando y Rafael, éste último elegido Senador en 1990.
A fines de 1944 fue uno de los auspiciadores del Frente Democrático Nacional y en 1945 es elegido diputado por Lima como integrante de esa alianza política. En julio de ese año su padre, Rafael Belaunde, preside el primer gabinete ministerial del gobierno de José Luis Bustamante y Rivero, elegido también con el respaldo de ese Frente, que contaba entre sus integrantes al Partido Aprista. En el Congreso durante el período de 1945 a 1948 apoya al gobierno de Bustamante, gestiona la dación de leyes de vivienda social y establece una buena relación con el aprismo. Sin embargo ese Congreso se frustra debido al receso parlamentario provocado por el retiro de los sectores de derecha, lo cual a su vez debilitó al régimen constitucional de Bustamante
En octubre de 1948 el gobierno de Bustamante sufre el doble acoso de un golpe aprista que levantó a un grupo de suboficiales y marineros de la base naval del Callao, movimiento que fue debelado gracias a la enérgica reacción del resto de la Armada, pero no puede evitar una conspiración de varios generales del ejército animada por la derecha económica, que termina derrocándolo con el levantamiento de la guarnición de Arequipa. La llamada Revolución Restauradora del general Manuel A. Odría deporta a Bustamante, disuelve al Congreso e instaura un régimen autoritario respaldado por las fuerzas conservadoras. Fernando Belaunde vuelve al ejercicio de la profesión así como a la enseñanza de arquitectura. En la primera mitad de la década del cincuenta es designado Decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Ingeniería, desde la cual proyecta la imagen de un profesional serio promotor de planes de vivienda para los sectores populares, inspirados en el urbanismo social del New Deal y del laborismo británico.
Esa circunstancia lo relanza a la política activa después de un periodo de relativa calma.
A principios de 1956 sus alumnos universitarios lanzaron su candidatura a la Presidencia de la República, movimiento que al principio no es tomado en serio en los medios de prensa, que lo califican como la iniciativa de un grupo de estudiantes ansiosos de aprobar el año. Sin embargo su candidatura toma cuerpo en amplios sectores del electorado y es respaldada por el Frente Nacional de Juventudes y el Movimiento Social Progresista. El gobierno del General Odría trata de frustrarla y ordena al Jurado Nacional de Elecciones que rechace su inscripción, con el pretexto de que no había reunido el mínimo de firmas requerido por la ley electoral.
El primero de junio de 1956 Fernando Belaunde toma conocimiento de ese rechazo e improvisa una manifestación en el centro de Lima, donde se enfrenta a la policía y es bañado por un camión cisterna de las fuerzas del orden mientras avanzaba con la bandera peruana. El incidente es reportado por la prensa al día siguiente y el organismo electoral, bajo la presión de la opinión pública, autoriza la inscripción de su candidatura y de sus listas parlamentarias. Siete días después reúne en la plaza San Martín una manifestación multitudinaria que supera con creces a las de sus contrincantes. A partir de ese momento es conocido como el candidato de la bandera, aunque sus adversarios lo califican como el hombre del manguerazo. Sea lo que fuere se convierte en una figura política nacional.
En ese ambiente de entusiasmo político Fernando Belaunde Terry obtiene la segunda votación con cerca del 30% de los sufragio, pero el ex Presidente Manuel Prado es elegido con el apoyo del APRA, que por otro lado rechaza la candidatura de Belaunde al considerarlo un rival peligroso en la disputa por el respaldo de las masas populares. Este primer revés no lo desanima y luego de cuestionar la validez de los comicios Fernando Belaunde se dedica a la formación de un nuevo partido que denomina ACCIÓN POPULAR, integrado por muchos de los elementos que lo apoyaron en la campaña electoral. Este nuevo partido alienta un programa democrático pero con un fuerte acento nacionalista así como de inclusión social y regional, que se manifiesta a través de las múltiples giras que Fernando Belaunde emprende a todos los rincones del territorio del país. De esa forma llega a visitar todas las provincias del Perú, que suman más de 150, muchas de las cuales en esa época carecían de vías de comunicación aptas para vehículos motorizados.
Casi sin proponérselo Fernando Belaunde se convierte en el primer promotor de la vialidad en el Perú para integrar nuestro desconectado territorio. Esa característica se acentúa cuando propone la construcción de una vía longitudinal en la ceja de selva peruana, que él bautiza como la Carretera Marginal, que tendría el doble propósito de conectar la amazonía con el resto del territorio del país así como de favorecer la colonización de tierras para la expansión de la agricultura. Estas ideas de carácter promotor y constructivo generan un gran entusiasmo popular y así Fernando Belaunde Terry puede consolidar la formación de una fuerza política, esencialmente centrista, pero que en ese momento era calificada por algunos grupos de derecha como peligrosamente izquierdista, lo cual revela el grado de atraso político de los estamentos conservadores del Perú.
En el período de 1956 a 1962 Fernando Belaunde Terry no solo recorre los últimos rincones del país. También escribe dos libros fundamentales para entender su pensamiento político. En “Pueblo por Pueblo” además de relatar sus peregrinajes por los sitios más apartados, revela una extraordinaria emoción por el paisaje que le sirve de inspiración para proponer soluciones sencillas y pragmáticas a los problemas seculares del país. No es un libro de densa ideología sino por el contrario un encuentro con las raíces primarias del Perú. Al mismo tiempo es un mensaje de integración con los pueblos olvidados. En “La Conquista del Perú por los Peruanos” Fernando Belaunde Terry implícitamente descarta las recetas que entonces se encontraban de moda, particularmente las marxistas, cuando propugna una ocupación real y efectiva de nuestro territorio para asegurar una soberanía útil al pueblo en términos de bienestar y solidaridad. Por ello exalta el lema “El pueblo lo hizo” recogido de una aldea serrana, Chincheros, que visitó en una de sus primeras giras. De estas prédicas saldrán entre otras propuestas, el sistema de cooperación popular, al que vincula con la “minka” y el “ayni” del incario y con los trabajos comunales de las épocas más recientes. En estas dos obras trasunta solidaridad y respeto para con los más humildes a quienes incorpora como socios activos de la peruanidad. Filosofía que se tradujo en la frase bíblica utilizada en la introducción de su mensaje inaugural del 28 de julio de 1963: “Los últimos serán los primeros”.
Al final del gobierno de Manuel Prado, Fernando Belaunde logra vertebrar una organización partidaria de alcance nacional, que ya contaba con alguna representación parlamentaria elegida en los comicios de 1956. En su fórmula presidencial lo acompañan el ingeniero Edgardo Seoane Corrales, hermano del líder aprista Manuel Seoane, y el doctor Fernando Schwalb López Aldana, como Primer y Segundo Vicepresidentes, personalidades ambas de gran calidad profesional y de impecable trayectoria política.
Para las elecciones de 1962 se presentaron 3 candidaturas: la de Fernando Belaunde Terry en representación de Acción Popular, la de Víctor Raúl Haya de la Torre, en representación del APRA en alianza con el partido oficialista del régimen de Manuel Prado y finalmente la candidatura de Manuel Odría, presidente durante el periodo de 1948-1956, que tuvo un claro carácter dictatorial, así fuera formalmente constitucional a partir de 1950, pero en el cual se ejecutaron grandes obras públicas y hubo además un importante desarrollo económico, hecho que le dio una base popular a su candidatura. También compiten otras candidaturas menores, como la del demócrata cristiano Héctor Cornejo Chávez, el social progresista Alberto Ruíz Eldredge, el socialista Luciano Castillo y el General Pando Egusquiza, que a duras penas logran en conjunto un escaso porcentaje de la votación.
En las elecciones de 1962, Víctor Raúl Haya de la Torre y Fernando Belaunde Terry obtuvieron cada uno cerca del 33%, quedando Manuel Odría, con algo menos del 30%. En la práctica se produjo un triple empate, con acusaciones de fraude de parte de Acción Popular, que desencadena el levantamiento de barricadas en Arequipa. Eso origina una grave crisis política y una fuerte reacción en las fuerzas armadas, que finalmente dieron un golpe de Estado en los últimos días del régimen de Manuel Prado y anulan las elecciones, con el anuncio de llevar a cabo un nuevo proceso electoral al término de 12 meses.
La Junta Militar de 1962/63 efectivamente cumplió su promesa e introdujo además algunas modificaciones importantes en la legislación electoral, tales como la llamada Cédula Única (en Argentina se diría papeleta), así como el escrutinio en mesa delante de los personeros de los partidos políticos.
Las elecciones se efectuaron en junio de 1963, desenvolviéndose normalmente con algún incidente aislado que fue superado rápidamente. En ellas resultó ganador inobjetable Fernando Belaunde Terry, que para estos comicios había culminado una alianza electoral con la Democracia Cristiana. Esta alianza política, aunada al apoyo de su tío Víctor Andrés, muy influyente en el sector católico, le dio el margen suficiente para lograr una cómoda victoria electoral. En dichas elecciones Fernando Belaunde Terry obtuvo cerca del 40% del voto, Víctor Raúl Haya de la Torre, alrededor del 35% y Manuel Odría, menos del 30%. Sin embargo, en dichos comicios que también incluían elecciones para el Congreso, la alianza Acción Popular / Democracia Cristiana, no logró obtener mayoría absoluta en ninguna de las dos cámaras, lo cual facilitó que los dos partidos perdedores APRA y la Unión Nacional Odriísta, se coaligaran en el Congreso para oponerse al régimen recién electo.
Fernando Belaunde fue elegido para un periodo de 6 anos que se caracterizó por un fuerte desarrollo económico, superior al 5% anual y un decidido impulso a la ejecución de obras públicas, entre ellas la Carretera Marginal que abre en la ceja de selva una nueva frontera agrícola. También se promulgó una primera Ley de Reforma Agraria de carácter moderado, que mereció las críticas de los sectores de izquierda. Asimismo se produjo una sostenida expansión de las exportaciones, pero el incremento del gasto público y la renuencia a devaluar, determinó que en 1967 se produjera una fuerte devaluación del 40% que maltrató la imagen del gobierno.
Otro importante aspecto que erosionó la imagen del gobierno y también la del Presidente Belaunde, fue la reactivación de un viejo conflicto con la International Petroleum Company (IPC), una subsidiaria de la Standard Oil de New Jersey, que operaba en la zona de Talara los principales campos petrolíferos del país. Las fuerzas nacionalistas y de izquierda, incluyendo al influyente diario El Comercio, reclaman estridentemente una solución estatista que eliminara a esa empresa y confiscara todos sus activos. El gobierno por su parte era renuente a tomar una medida de esa naturaleza porque iba a conducir a un enfrentamiento directo con los Estados Unidos que apoyaba la posición de la empresa petrolera. Después de 5 años de negociaciones se pudo llegar a un acuerdo transaccional con la empresa petrolera, que fue formalmente aceptado por las fuerzas políticas, pero que recibió duras críticas de los sectores nacionalistas y de izquierda, incluyendo elementos castrenses y sectores vinculados a las fuerzas armadas.
En medio de esta polémica en septiembre de 1968 el Presidente de la entidad estatal petrolera denunció al gobierno acusándolo de haber sustraído subrepticiamente una página de los acuerdos con la IPC, la llamada página 11, con gran escándalo público. Esta denuncia que nunca llegó a ser comprobada, avivó la polémica política y despertó la ambición de los sectores nacionalistas del ejército, aparentemente dirigidos por un grupo de coroneles, quienes ya estaban muy preocupados por lo que consideraban la inminente victoria de Víctor Raúl Haya de la Torre y del APRA en las elecciones generales de 1969.
Tales sucesos originaron una conspiración entre determinados elementos del ejército que en la madrugada del 3 de octubre de 1968 rodearon de tanques al Palacio de Gobierno, capturaron al Presidente Fernando Belaunde Terry y lo embarcaron a Buenos Aires en el avión de una aerolínea comercial peruana que se prestó a la maniobra. Consolidada la posición de los militares golpistas, el Presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, General Juan Velasco Alvarado, asumió formalmente el poder desde Palacio de Gobierno e invitó a la Aviación y a la Marina para que se sumaran al golpe, como en efecto así ocurrió, a lo que hubo que agregarse la adhesión de las fuerzas policiales. Así las cosas el 3 de octubre se estableció un nuevo régimen militar sin calendario electoral previsto, pero con un fuerte sesgo nacionalista. Como primer acto el gobierno militar nacionalizó los bienes de la IPC. Belaunde Terry fue deportado a la Argentina siendo expulsado por el régimen de Onganía. Eventualmente Belaunde Terry viajó a los Estados Unidos y empezó un largo exilio de 7 años que recién terminó en 1975. En su exilió contrae matrimonio con su asistenta, Violeta Correa Miller, quien lo acompaña en los momentos más difíciles de su destierro.
En los Estados Unidos Belaunde Terry se dedicó a la cátedra universitaria, enseñando en diversas universidades norteamericanas, entre ellas Harvard. Sin embargo no descuidó la política peruana. En 1970 y 1972 regresó a Lima para estar presente en los sepelios de su madre y luego el de su padre. En la segunda oportunidad el gobierno de Velasco abruptamente lo expulsó del Perú cuando apreció que Belaunde recibía espontáneas manifestaciones de simpatía al desplazarse por las calles de Lima. En julio de 1974 Velasco estatizó la prensa y eso produjo una protesta, primero dentro de la juventud que luego se hizo extensiva al público en general, con manifestaciones callejeras y caravanas automovilísticas que tocaban la bocina distintiva de Acción Popular. El gobierno respondió allanando los locales partidarios y detuvo a un importante número de militantes y dirigentes acciopopulistas quienes pasaron una temporada en el cuartel militar de El Potao.
En febrero de 1975 se desencadenó una huelga policial y un enfrentamiento entre policías y soldados que originó un día de vandalismo en el centro de Lima, que sólo es controlado cuando el gobierno saca los tanques y decreta un severo estado de sitio, con un toque de queda que empezaba a las 8 de la noche. Este incidente debilitó la posición de Velasco, cuya salud se encontraba muy mellada a raíz de un aneurisma que condujo a la amputación de una pierna. A fines de agosto de 1975 un movimiento militar desde Tacna exigió su renuncia, siendo relevado del mando presidencial y reemplazado por el Ministro de Guerra y Comandante General del Ejército, General Francisco Morales Bermúdez.
El nuevo Presidente de la Junta Militar gradualmente comenzó a cambiar algunas de las políticas estatistas y represivas del régimen castrense, permitiendo el retorno al Perú de Fernando Belaunde Terry. A partir de 1976, Fernando Belaunde Terry alternó sus actividades entre el ejercicio de la cátedra universitaria en Estados Unidos y la reorganización de Acción Popular. Mientras tanto el deterioro de las condiciones políticas, económicas y sociales obligó al gobierno militar de Morales Bermúdez a iniciar una apertura política con miras a una transferencia gradual del poder a los civiles. Conforme a ese programa se convocaron a elecciones en mayo de 1978 para una Asamblea Constituyente con el único y específico mandato de dictar una nueva constitución. Los principales partidos políticos aceptaron presentarse a las elecciones, excepto Acción Popular que por decisión de Fernando Belaunde Terry consideró que era hacerle juego al gobierno militar. Esta decisión que pareció equivocada en un primer momento, después resultó ser uno de los factores que catapultaron al poder a Fernando Belaunde Terry. En julio de 1978 se eligió la Asamblea Constituyente con una mayoría integrada por el APRA, el Partido Popular Cristiano, al lado de algunos grupos minoritarios de centro y de extrema izquierda. En homenaje a la trayectoria del jefe y fundador del APRA, Víctor Raúl Haya de la Torre, este último fue elegido Presidente de la Asamblea, con una mesa directiva formada con representantes de los principales partidos que la integraban.
Luego de un año de diversas marchas y contramarchas y gracias a un acuerdo entre el APRA y el Partido Popular Cristiano la Asamblea aprobó una nueva Constitución, la misma que fue remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación. Esta remisión originó algunos roces con el gobierno militar que lograron solucionarse, acordándose la convocatoria a elecciones generales para Presidente de la República y el Congreso en mayo de 1980. Mientras tanto Víctor Raúl Haya de la Torre contrajo un cáncer terminal y falleció a mediados de 1979, quedándose el APRA sin su candidato natural. Este hecho produjo dentro del APRA una pugna entre sus principales líderes para la designación de la candidatura presidencial que a la postre debilitó a dicho partido.
En ese mismo periodo Belaunde continuó sus viajes por el interior del Perú y recibe masivas demostraciones de apoyo popular. Luis Bedoya Reyes, jefe y candidato del Partido Popular Cristiano (PPC) también hizo lo mismo, pero tuvo un apoyo sustancialmente menor en provincias, concentrándose su respaldo en el área de Lima. Dentro del APRA luego de una muy fuerte pugna se aprobó la candidatura de Armando Villanueva del Campo pero con graves reservas de su rival más cercano, Andrés Townsend, que solo aceptó a regañadientes acompañarlo en la fórmula presidencial como primer vicepresidente.
En esas condiciones políticas se desarrolló la campaña electoral en la que pudo apreciarse que Belaunde tomaba la delantera, seguido de Villanueva y de Bedoya Reyes, bastante más rezagado. La extrema izquierda que a través de sus diversos grupos logró alcanzar cerca de un 25% del voto para la Asamblea Constituyente quedó totalmente disminuida. Los comicios arrojaron la victoria de Belaunde en la primera vuelta con cerca del 48% del voto, y sus rivales obtuvieron en el caso de Villanueva algo más del 30% y Bedoya escasamente un 10%. Los demás candidatos registraron porcentajes mínimos. En las elecciones para el congreso Acción Popular obtuvo mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y alrededor del 40% de los escaños en el Senado. Puede decirse que en los comicios de 1980 prevaleció en el electorado el deseo de reivindicar a Fernando Belaunde Terry por la revolución que lo derrocó.
Bajo ese temperamento Fernando Belaunde Terry llegó a un acuerdo con el Partido Popular Cristiano para obtener una mayoría absoluta en ambas cámaras legislativas y asegurar su gestión gubernamental. En esa tesitura su hermano Francisco, que lo acompañó a lo largo de sus campañas políticas, preside la Cámara baja. Como en su primer gobierno, su administración fue una coalición de Acción Popular, el Partido Popular Cristiano (fracción desprendida de la Democracia Cristiana), que obtuvo dos Ministerios, con la participación de algunos técnicos independientes para tareas específicas y el manejo de ciertas empresas del Estado. También se llegó a un acuerdo con las Fuerzas Armadas que aceptaron con buen ánimo el triunfo de Belaunde, para lo cual se respetó a los comandantes castrenses de las tres armas, pero bajo la supervisión de los Ministros de Guerra, Marina y Aeronáutica que fueron ejercidos por militares en retiro que tenían una relación de lealtad personal con Fernando Belaunde.
Los sectores productivos tomaron con beneplácito el triunfo de Belaunde por cuanto este había prometido impulsar y respetar a la empresa privada. A su vez los sectores laborales quedaron” satisfechos con un Ministro de Trabajo permeable a los puntos de vista de los trabajadores. En suma parecía haberse conformado una coalición imbatible para los próximos cinco años. Pero emergió un problema que no había sido visto con anterioridad, que fue el surgimiento del terrorismo por la acción de un misterioso grupo subversivo denominado Sendero Luminoso.
Las dos primeras acciones de la segunda administración de Fernando Belaunde Terry, consistieron en devolver a sus anteriores dueños los medios de comunicación estatatizados durante el gobierno de Velasco y promulgar formalmente la Constitución de 1979 a la que se dio cabal cumplimiento. En los seis meses siguientes en un ambiente de relativa satisfacción por la expectante situación económica, el gobierno comenzó a tomar medidas destinadas a poner al día el costo de las principales tarifas de servicios públicos y de productos de primera necesidad. Estas medidas comenzaron a erosionar su apoyo popular. Sin embargo, pudo ganar los primeros comicios municipales y obtener algo más del control del 50% de los municipios en todo el territorio nacional, incluyendo el de Lima, donde se impuso la candidatura oficialista del arquitecto Fernando Orrego, muy cercano al Presidente Belaunde.
En el plano de la seguridad interior, se comenzaron a escuchar rumores alarmantes de la existencia del grupo terrorista Sendero Luminoso, que comenzó a expandir su actividad subversiva, primero en el departamento de Ayacucho, luego en la Sierra central y después en el resto del territorio nacional. Las festividades del año nuevo de 1981 fueron empañadas por uno de los primeros “apagones” como consecuencia de las voladuras de las torres de alta tensión. Estos sabotajes, se hicieron cada vez más frecuentes a partir de 1981. Sin embargo el gobierno de Belaunde no quiso militarizar la lucha antisubversiva, lo que mereció las críticas de muchos círculos de la derecha en el Perú.
A mediados de 1981 pudo apreciarse claramente que la economía mundial entraba en una fase recesiva, originada en parte por el alza exponencial de las tasas de interés en los mercados financieros, decretada por el Sistema Federal de Reserva de los Estados Unidos. Esta alza originó una contracción económica, así como un gran incremento de la deuda externa de los países en desarrollo, fenómeno que a su vez desencadeno la baja de las cotizaciones internacionales de las materias primas mineras que sustentaban las exportaciones del Perú. Así fue que el monto de las exportaciones sufrió una declinación muy cercana al 25%. Este fenómeno se intensificó al año siguiente, sintiéndose los primeros síntomas de una crisis económica interna, agravada por el déficit presupuestal. Dicho déficit se originó por el doble efecto de la disminución de la recaudación tributaria y el incremento de los gastos fiscales, en parte originado por un agresivo programa de obras públicas, diseñado bajo un supuesto general de bonanza que ya no se daba en la realidad.
Un suceso internacional involucra a Fernando Belaunde Terry en la escena mundial. En abril de 1982, el gobierno militar argentino, por razones de política interna, sorpresivamente ocupa las Islas Malvinas, para lograr con un golpe de mano la ansiada reivindicación de dichas islas, que desde 1830 eran ocupadas por Gran Bretaña. La respuesta de la Primera Ministro Británica Margaret Thatcher, por algo conocida como la Dama de Hierro, no tarda en producirse y se materializa con una expedición de guerra destinada a recuperar las islas. Para ello consigue el apoyo de sus aliados de la OTAN y el respaldo incondicional de los Estados Unidos. También obtiene la ayuda encubierta del régimen chileno del dictador Pinochet. Fernando Belaunde Terry, consciente de que se estaba creando una situación de guerra que afectaba al continente sudamericano, ofrece sus buenos oficios para solucionar el conflicto amistosamente dentro del marco de las Naciones Unidas.
El gobierno norteamericano del Presidente Reagan, acoge su iniciativa pero Margaret Thatcher la boicotea sin decirlo abiertamente. No obstante sus gestiones continúan y cuando parecía que se llegaba a una situación satisfactoria para los contrincantes, el hundimiento del “Belgrano” por un submarino británico, interrumpe sus gestiones. No obstante, Fernando Belaunde Terry insiste en su acción de paz después de la voladura del “Sheffield” por un exocet argentino, pero los británicos que ya se encontraban seguros de la victoria militar, desconocen sus planteamientos. Mientras tanto el gobierno de Belaunde, fiel a una tradición histórica, brinda a la Argentina apoyo logístico y de material de guerra, incluyendo 16 aviones Mirage, para ayudar al esfuerzo bélico argentino. La opinión pública peruana se solidariza con la acción de Fernando Belaunde a pesar de que no se logró una solución favorable a la reivindicación argentina de las Islas Malvinas. Esta gestión fue reveladora del espíritu americanista y de respeto al orden internacional que siempre animó las acciones de estado de Fernando Belaunde.
En diciembre de 1982 se produjo la primera crisis política dentro del gobierno con la renuncia del Gabinete Ulloa, precipitada por los acontecimientos económicos y acentuados por el impacto del terrorismo senderista en la serranía peruana. El 1° de enero de 1983 el gobierno de Belaunde inauguró un nuevo gabinete, presidido por el Vicepresidente Fernando Schwalb, que tenía como Ministro de Economía y Finanzas al banquero internacional Carlos Rodríguez Pastor. Una de las primeras medidas del nuevo gabinete fue decretar el estado de emergencia en el departamento de Ayacucho y departamentos vecinos afectados por el terrorismo senderista, los cuales fueron puestos bajo control militar. Asimismo, el gabinete Schwalb comenzó a aplicar una serie de medidas de ajuste que se reflejaron en una acelerada devaluación, así como en el incremento de los precios de los combustibles, de las tarifas de los servicios públicos y de los productos alimenticios. Toda esta situación se complicó adicionalmente con el “Fenómeno del Niño”, produciéndose lluvias torrenciales en los departamentos de la costa norte del Perú, con graves daños a los cultivos así como a la infraestructura pública y privada. El Fenómeno del Niño también originó una gran sequía en los departamentos serranos del centro y del sur del Perú, agravándose los daños por una menor disposición de agua para los cultivos de los valles de la costa centro y costa sur, lo que produce también un racionamiento de agua potable en la ciudad de Lima y en las principales ciudades del país. En conjunto, estos factores unidos a la acción del terrorismo, generaron una caída en la popularidad del régimen de Belaunde.
A fines de 1983 se llevaron a cabo las segundas elecciones municipales, en las que el gobierno sufrió una fuerte derrota. Acción Popular sólo pudo obtener el 17% de los votos, mientras que su principal aliado el Partido Popular Cristiano (PPC) logró algo más del 15%. El resto de la votación se dividió entre el APRA, que ganó los municipios de la región costa y sierra norte, y la Izquierda Unida que pudo controlar por primera y única vez en su historia, el Municipio de Lima Metropolitana con la candidatura de Alfonso Barrantes Lingán. Estos sucesos debilitaron al gobierno de Fernando Belaunde, pero no alteraron la estabilidad gubernamental, asegurada por una disciplinada mayoría oficialista en ambas cámaras del Poder Legislativo.
En 1984, surgió dentro del APRA la candidatura del joven dirigente Alan García Pérez, figura allegada a Víctor Raúl Haya de la Torre en sus coloquios con las nuevas generaciones apristas, representante en la Asamblea Constituyente de 1978-1979 y luego Diputado, donde ganó cierta notoriedad por su enfrentamiento verbal con el entonces Primer Ministro Manuel Ulloa. La figura juvenil de Alan García despertó una gran simpatía, no sólo dentro de las filas del APRA, sino también en el electorado independiente. Este factor le permitió imponerse sobre sus rivales al interior del APRA y adicionalmente proyectar una imagen de moderación frente al gobierno de Belaunde, a quien evitó atacar en el plano personal.
Durante 1984 y la primera mitad de 1985, el gobierno de Belaunde logró contener en alguna medida la crisis económica a costa de una serie de medidas impopulares de ajuste, pero que se tradujeron en una sensible mejora de la situación fiscal del país. Si bien la popularidad personal de Belaunde disminuyó sustancialmente, él pudo mantener en los momentos más difíciles de su régimen, una adhesión hacia su persona del orden de 25% en las encuestas de opinión. En cuanto a la lucha contra el terrorismo, el Estado de Emergencia decretado en el departamento de Ayacucho y departamentos aledaños, permitió controlar su avance, pero a costa de aplicar medidas muy duras, que fueron denunciadas desde el exterior por Amnistía Internacional. Una de las peores situaciones que tuvo que enfrentar el gobierno de Belaunde fue la matanza de Uchuraccay, perpetrada por una comunidad indígena de campesinos que por temor y siguiendo instrucciones equivocadas impartidas por la Infantería de Marina, asesinó a 13 periodistas que viajaban al interior del departamento de Ayacucho para entrevistar a líderes senderistas.
La matanza de Uchuraccay perpetrada en marzo de 1983, tuvo un impacto muy negativo en la opinión pública y también afectó el desarrollo de la lucha antiterrorista. Para investigar sus causas y también esclarecer la acción del gobierno, Fernando Belaunde nombró una Comisión Independiente Multisectorial, presidida por el laureado escritor peruano Mario Vargas Llosa. Esta comisión se desplazó al lugar de los acontecimientos y pudo entrevistar a todos los actores de la tragedia, incluyendo a los campesinos que perpetraron la masacre. El informe de la Comisión de Vargas Llosa, emitido a los 6 meses de ocurrido este hecho, dejó en claro que la matanza se originó como consecuencia de una trágica equivocación, motivada en parte por el temor de los campesinos a las huestes de Sendero Luminoso. El informe de la Comisión Vargas Llosa fue duramente cuestionado por la oposición y particularmente por la extrema izquierda, que trató de encarcelar al escritor alegando que faltaba a la verdad. Luego de un áspero interrogatorio en un tribunal ayacuchano, Mario Vargas Llosa salió en libertad, pero se pudo percibir la sensación que Sendero Luminoso manipulaba a ciertos magistrados dentro del Poder Judicial.
Durante su último año de gobierno, Fernando Belaunde no tuvo grandes obstáculos en el Congreso. Los medios de prensa en general, si bien muchos de ellos eran críticos de sus medidas de gobierno, en general respetaban a su persona. Alan García que había ganado con facilidad la candidatura del Partido Aprista, se cuidó de polemizar con Fernando Belaunde Terry y más bien se dedicó a preparar sus cuadros partidarios para lo que en ese momento se consideraba una virtual victoria. A principios de 1985, además de Alan García, se perfilaron como candidatos el alcalde Alfonso Barrantes Lingán, en representación de la Izquierda, Luis Bedoya Reyes, líder indiscutido del Partido Popular Cristiano, así como Javier Alva Orlandini que había logrado capturar la maquinaria de Acción Popular y finalmente el General Francisco Morales Bermúdez, Presidente de la Junta de Gobierno entre 1975 y 1980.
En las elecciones en abril de 1985 Alan García ganó una cómoda victoria, que se acercó al 50% de los votos, seguido por Alfonso Barrantes que logró cerca del 25%, Luis Bedoya Reyes con algo más del 10%, Javier Alva Orlandini con 7% y Morales Bermúdez con 1%. En atención a los resultados, Alfonso Barrantes Lingán declinó en ir a una segunda vuelta, con lo que el Jurado Nacional de Elecciones proclamó la victoria de Alan García Pérez. Gracias al triunfo de Alan García Pérez, el APRA pudo llegar al gobierno por primera vez desde su fundación en 1930, obteniendo además el control de las dos cámaras del Poder Legislativo.
El 28 de julio de 1985, Fernando Belaunde Terry entregó el poder al nuevo gobernante y comenzó un largo recorrido de oposición. Las primeras medidas de Alan García estuvieron destinadas a confiscar los depósitos en moneda extranjera y acelerar el gasto fiscal, utilizando para ello los US$ 1,000 millones de reservas en divisas extranjeras penosamente logradas durante la etapa final del gobierno de Belaunde. Durante los dos primeros años de su gestión, las medidas populistas de Alan García originaron un incremento del 7% anual en el Producto Bruto Interno. Este incremento se reflejó favorablemente en su popularidad, que quiso acrecentar desafiando a la comunidad financiera internacional con el no pago de la deuda externa peruana. Sin embargo, a mediados de 1987 las políticas fiscales del gobierno no daban para más, por cuanto el país en poco tiempo gastó sus reservas internacionales. Como consecuencia de lo anterior, el Estado acumuló un déficit presupuestario del orden del 10% sobre el Producto Bruto Interno y la inflación se tornó incontrolable. Asimismo, el terrorismo extendió su radio de acción a cerca del 75% del territorio nacional y el gobierno se vio obligado a reprimir motines en las prisiones masacrando a los presos senderistas en los dos principales centros penitenciarios del país.
Frente a esta situación el gobierno de Alan García decidió dar un salto al vacío, apoderándose de los bancos privados del país. La estatización de la banca comercial privada anunciada abruptamente en el mensaje presidencial del 28 de julio de 1987, tomó de sorpresa a la opinión pública y generó un movimiento de rechazo liderado en un principio por Acción Popular y el PPC y luego por Mario Vargas Llosa. La clase media consideró que se trataba de una medida demagógica destinada a confiscar sus ahorros, así como a manipular los préstamos, con el agravante de que el Estado ya controlaba un importante sector de la banca comercial y además la banca de fomento.
Así las cosas, Fernando Belaunde Terry y Luis Bedoya Reyes se pusieron de acuerdo para constituir una alianza opositora denominada el Frente Democrático (FREDEMO) y llamaron a Mario Vargas Llosa para que lidere ese nuevo grupo político. Vargas Llosa aceptó el ofrecimiento a condición de que se le aceptara como líder de una nueva agrupación, el Movimiento Libertad, con un ideario esencialmente liberal y antiestatista, con el mandato de poner en práctica medidas de reforma del Estado y de privatización de las empresas públicas. La candidatura de Mario Vargas Llosa estuvo fuertemente impulsada por la crisis del comunismo internacional y la caída del Muro de Berlín en los últimos meses de 1989.
A principios de 1990, el triunfo del FREDEMO parecía un hecho consumado, con el firme apoyo de Fernando Belaunde Terry y Luis Bedoya Reyes. Sin embargo, las elecciones municipales de noviembre de 1989 no dieron un resultado totalmente satisfactorio, ya que un nuevo candidato no partidarizado, Ricardo Belmont, triunfó en Lima y desplazó a los candidatos del FREDEMO. A fines de marzo de 1990, se comenzó a escuchar una candidatura de otra figura no partidarizada y desconocida por la opinión pública, Alberto Fujimori, que comenzó a ganar adeptos en las poblaciones marginales de Lima.
El gobierno de Alan García pronto se percató que le resultaba más conveniente apoyar subrepticiamente a la candidatura de Alberto Fujimori, postergando a Luis Alva Castro, representante oficial del APRA. En esa temperatura política las encuestas comenzaron a disminuir la ventaja de Mario Vargas Llosa y a incrementar el porcentaje de Alberto Fujimori, que se proyectó hacia un segundo puesto. Las elecciones de abril de 1990 le dieron una apretada victoria a Mario Vargas Llosa con el 28%, seguido de Alberto Fujimori con el 24%, Luis Alva Castro con el 19% y a los diversos grupos de izquierda con alrededor del 15%.
La primera vuelta sorprendió ingratamente a Mario Vargas Llosa, quién estuvo a punto de renunciar a su candidatura. Sin embargo, fue disuadido por la acción conjunta de Fernando Belaunde Terry, Luis Bedoya Reyes y el Cardenal Vargas Alzamora. El APRA y los grupos de izquierda, que habían sido denostados por Mario Vargas Llosa a lo largo de su campaña, se volcaron masivamente en contra de su candidatura. Luego de dos meses de una campaña complementaria, Alberto Fujimori, con el apoyo de sus nuevos aliados, se impuso con cerca del 60%, mientras que Mario Vargas Llosa no llegaba al 40% de los votos. Había triunfado un nuevo líder que carecía de estructura partidaria y que sólo contaba con el apoyo oportunista y precario del APRA y de la izquierda.
En esas circunstancias Alberto Fujimori, tomó contacto con diversos líderes de la política y de la economía, asumiendo en gran medida el programa esbozado por Mario Vargas Llosa, con lo que logró establecer una buena relación con el sector empresarial privado. Asimismo, fortaleció sus vínculos con elementos de los servicios de inteligencia (SIN), que lo ayudaron a resolver algunas denuncias de fraude tributario hechas en el curso de la campaña. El personaje que lo asesoró en esas materias era un oscuro abogado y ex capitán del Ejército, Vladimiro Montesinos, expulsado por traición a la patria, dedicado luego a defender narcotraficantes y que había cultivado valiosas amistades en el submundo de la justicia penal y de los pasillos de la autoridad tributaria peruana. Con semejantes antecedentes Alberto Fujimori forjó una duradera alianza con ese siniestro personaje, que le permitió controlar, al principio de manera precaria, la estructura del Estado.
La figura de Fernando Belaunde quedó algo aislada políticamente con el triunfo de Alberto Fujimori, pero en contrapartida reforzó su control sobre su maquinaria partidaria, que tenía una importante representación en el Congreso junto con el PPC y el Movimiento Libertad. Durante el primer año de su gobierno, Alberto Fujimori tuvo una actitud vacilante en cuanto al aparato empresarial del Estado, pero al cabo de un año emprendió una política privatizadora y de apoyo al capital privado, viajando al exterior para lograr arreglos con la banca multilateral destinados a sacar al país del ostracismo financiero en el que se encontraba. En vista de que el gobierno de Alan García dejó al país con una inflación descontrolada, las primeras acciones del gobierno de Alberto Fujimori estuvieron dirigidas a tomar severísimas medidas de ajuste, con incrementos del 500% en los precios de los productos de primera necesidad y de los combustibles. Paradójicamente el público que había rechazado el programa de Mario Vargas Llosa, aceptó sin mayores protestas las medidas ejecutadas por Fujimori. Este hecho, reforzó su confianza interna y le permitió seguir un camino que condujo al autogolpe del 5 de abril de 1992.
Si bien Alberto Fujimori había sido elegido en forma democrática, poco a poco pudo apreciarse que su gobierno tomaba un giro autoritario y amenazante de la legitimidad constitucional. A principios de 1992, el General Nicolás Hermoza, nuevo Jefe del Ejército, comenzó a declarar en contra del Congreso y de los partidos políticos. A fines de marzo de ese año, Susana Higuchi, entonces esposa del Presidente Fujimori, desató un escándalo por presuntos robos de donaciones japonesas, en los que estarían involucrados los hermanos y cuñados de Alberto Fujimori. Estas denuncias precipitaron el golpe del 5 de abril que fue dado con el apoyo de la cúpula castrense y que se reflejó en el cierre del Congreso y en la captura del Poder Judicial, así como en la desactivación de los organismos constitucionales autónomos.
Los sucesos de abril de 1992, pusieron nuevamente a Fernando Belaunde en oposición abierta al gobierno de Fujimori, pero los partidos políticos no lograron organizar una acción suficientemente fuerte para derribar al régimen golpista. La oposición vino del exterior y eso obligó al gobierno de Fujimori a modificar algunos de sus postulados. En junio de 1992, Alberto Fujimori se presentó en una Asamblea General de la OEA y expuso un programa de aparente retorno al régimen constitucional, mediante la elección de un nuevo Congreso Constituyente. Esta elección se llevó a cabo a fines de 1992 y en ella las fuerzas de Alberto Fujimori lograron una victoria superior al 50%, controlando en la práctica al recién electo Congreso Constituyente. El APRA y Acción Popular se abstuvieron de participar en dicho Congreso en protesta contra el golpe de Estado.
En septiembre de 1992 un suceso inesperado favoreció al régimen de Fujimori. El terrorismo senderista intensificó sus atentados en la ciudad de Lima e hizo explotar bombas en diversos lugares con un terrible resultado letal, creándose un ambiente generalizado de temor y zozobra. En esas circunstancias un sector especializado de la policía, la Dirección Nacional Contra el Terrorismo, organizada durante el régimen de Belaunde, que venía cercando a la cúpula directiva del senderismo, logró capturar a su principal líder, Abimael Guzmán, así como a muchos de sus adláteres inmediatos. La noticia de la captura de Abimael Guzmán sorprendió al público, incluyendo a Fujimori que se encontraba pescando en el río Putumayo, pero tuvo un efecto enormemente favorable para su gobierno, que la exhibió como un triunfo extraordinario tanto en el Perú como en el exterior.
En el curso de 1993, el Congreso Constituyente aprobó una nueva Constitución que fue sometida a un referéndum. El referéndum dio una apretada victoria al gobierno pero con fuertes indicios de un fraude electoral. Fernando Belaunde Terry se manifestó públicamente en contra del proyecto de la nueva Constitución. Esta era en esencia una versión resumida de la anterior carta política de 1979, con algunos cambios importantes en el régimen económico así como en la estructura del Estado, estableciéndose un Poder Legislativo Unicameral. Asimismo, se permitió la reelección presidencial inmediata por un solo periodo, descubriéndose de esa manera el verdadero objetivo del autogolpe del 5 de abril de 1992.
En diciembre de 1994, se proclamó la candidatura reeleccionista de Fujimori. La oposición se aglutino en torno a la candidatura del ex Secretario General de la Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuellar, que constituyó un nuevo movimiento político respaldado por independientes y por figuras que provenían de Acción Popular, el Movimiento Libertad, así como de ciertas agrupaciones de izquierda. Sin embargo, los partidos políticos opositores no apoyaron la candidatura de Pérez de Cuellar. Las elecciones de 1995 se vieron entorpecidas por una guerra no declarada con Ecuador en el sector fronterizo amazónico del Alto Cenepa. El conflicto con el Ecuador puso a Alberto Fujimori en clara ventaja sobre Pérez de Cuellar porque le permitió aparecer como un defensor de los derechos soberanos del Perú. Las elecciones de 1995, le dieron a Fujimori una cómoda victoria de más del 60% de los votos frente a un 23% de Pérez de Cuellar, logrando el gobierno una firme mayoría en el Poder Legislativo.
La inauguración del segundo mandato de Fujimori no despertó mayores reacciones negativas pero pronto se vio que la primera reelección inmediata no era más que un engaño, toda vez que el gobierno en 1996 presentó un proyecto de ley interpretativo de la Constitución, con el objeto de permitir una segunda reelección consecutiva. La ley fue rápidamente aprobada por el Congreso, pero mereció el rechazo de la opinión pública y además fue impugnada ante el Tribunal Constitucional. La propaganda política gubernamental no pudo ocultar el hecho que detrás de estas maniobras emergía de una manera bastante obvia, la intención de perpetuarse en el poder con el abierto respaldo del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), que para esa época ya estaba controlado por su jefe de facto Vladimiro Montesinos, a quien se le atribuía un poder igual o incluso mayor que el de Alberto Fujimori.
El Tribunal Constitucional fue restablecido en la Constitución de 1993, pero no todos sus miembros obedecían al dictado del gobierno. Inesperadamente se pronunció en contra de la Ley de Interpretación Auténtica a través de una resolución apoyada por un bloque minoritario de sus integrantes, con la abstención y el voto en contra de los demás miembros. Esta división fue aprovechada por la mayoría oficialista en el Congreso “para acusar a los magistrados que declararon la inconstitucionalidad de la Ley de Interpretación Auténtica, quienes fueron destituidos de sus cargos. La defenestración de los magistrados independientes del Tribunal Constitucional marcó un punto de no retorno del régimen de Fujimori y consolidó a las fuerzas de la oposición, que pudieron denunciar esa acción como una arbitrariedad del gobierno manipulada directamente desde el SIN.
En diciembre de 1999 Fujimori proclamó su candidatura a la segunda reelección presidencial consecutiva, con el apoyo de un trío de partidos fantasmas, la cual fue impugnada ante el Jurado Nacional de Elecciones en un clima de creciente agitación, por los partidos políticos y por las entidades más representativas de la sociedad civil, entre ellas el Colegio de Abogados de Lima. El Jurado Nacional de Elecciones desestimó la impugnación con una resolución apresuradamente dictada, hecha por los asesores legales del Servicio de Inteligencia.
En ese ambiente Fujimori inició su campaña electoral con el uso manifiesto de recursos económicos y logísticos del Estado. Mientras tanto los candidatos de oposición, Alberto Andrade, Alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, ex Presidente del Instituto de Seguridad Social, y Alejandro Toledo, líder de la nueva agrupación Perú Posible, eran insultados diariamente por la prensa chicha subsidiada por el gobierno. A esta situación se añadía el agravante de que los candidatos fueron impedidos de hacer su propaganda en la televisión, dado que los empresarios privados que la controlaban se negaban a recibir avisos políticos con el pretexto de mantener su neutralidad en la campaña. Cabe destacar que después de la caída de Fujimori, pudo comprobarse a través de la-imagen grabada en videos, que los propietarios de los principales canales de la televisión abierta, (Schutz, los Crousillat y los Winter) habían sido sobornados por Montesinos con el pago de varios decenas de millones de dólares, para no difundir propaganda política contraria a la re - reelección de Fujimori.
En abril del año 2000, a pesar de los esfuerzos de los medios oficialistas de comunicación, se apreció el crecimiento exponencial del candidato Alejandro Toledo que sobrepasaba al porcentaje de simpatizantes de Fujimori. En el día de las elecciones los primeros resultados oficiales le dieron la victoria a la candidatura de Toledo, pero conforme avanzaban las horas las cifras que se divulgaban en la televisión comenzaron a registrar un repunte en los votos de Fujimori y una caída en la de Toledo. Durante los días siguientes, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que estaba controlada por el SIN, comenzó a dar una victoria de Fujimori con el 49.5% de los sufragios, mientras que Toledo quedaba reducido a un 41%.
Estos guarismos no fueron aceptados por la opinión pública y la oposición terminó aglutinándose detrás de Alejandro Toledo, quien luego de algunas vacilaciones se negó a participar en la segunda vuelta. En este panorama de dura confrontación Fernando Belaunde Terry otorgó su liderazgo político a favor de los esfuerzos de Alejandro Toledo para impedir un nuevo mandato de Alberto Fujimori. Con ese objetivo aceptó participar y fue uno de los oradores centrales en la “Marcha de los 4 Suyos”, gran evento organizado por Alejandro Toledo, que culminó en una manifestación multitudinaria el 27 de julio del 2000, un día antes de la inauguración del supuesto tercer mandato electoral de Fujimori. Este había ganado una batalla, pero la oposición y la sociedad civil cuestionaban la legitimidad de su gobierno.
Una de las consecuencias del enfrentamiento entre Fujimori y la oposición fue la intervención de la O.E.A. que en la Asamblea General de Ontario decidió el envió al Perú de una Misión presidida por el Ministro de Relaciones Exteriores del Canadá, con el objeto de mediar en la crisis política desatada en el Perú. El avance logrado por la Misión de la O.E.A. fue lento a pesar de los esfuerzos de la oposición, pero otro suceso inesperado precipitó la caída del régimen de Fujimori.
A fines de septiembre del año 2000, el candidato opositor Fernando Olivera exhibió un video en el que se veía a Vladimiro Montesinos sobornando al congresista Kouri de la bancada de Toledo, con el pago de US$ 15,000 para que se pasará al grupo parlamentario del gobierno. Este video demostró con la fuerza incontrastable de los hechos algo que se había sospechado en otros congresistas, que adoptaron una conducta parecida a la de Kouri. Sin embargo, era la primera vez que en el Perú y quizás en el mundo, se tenía una prueba visual y concreta del uso del dinero público para corromper la política.
La exhibición del video quebró la resistencia de Fujimori, quién se vio obligado a aceptar la reforma de la Constitución para eliminar la reelección presidencial inmediata y también para recortar su tercer mandato a un año, con el encargo específico de convocar a nuevas elecciones. El ofrecimiento de Fujimori no satisfizo a la opinión pública, produciéndose un movimiento irresistible en su contra. Este desesperado trató de eliminar a Montesinos, quien huyó a Panamá y luego regresó al Perú para desaparecer nuevamente. Fujimori trató en vano de desvincularse de la sombra de Montesinos, pero ya era demasiado tarde. En el Congreso, la mesa directiva que obedecía sus órdenes fue censurada, eligiéndose como nuevo Presidente del Poder Legislativo al congresista Valentín Paniagua de las filas de Acción Popular. Esta elección fue considerada como una forma de transacción entre las diversas fuerzas opositoras representadas en el Poder Legislativos.
En ese escenario, Fujimori emprendió una última gira al Extremo Oriente y luego de un largo periplo recaló en Tokio. Ahí envió un fax al Congreso renunciando a la Presidencia de la República, renuncia que fue secundada por la de sus dos Vicepresidentes. No obstante el Congreso se negó a aceptar su renuncia y resolvió destituirlo por incapacidad moral y abandono del cargo. Conforme a la Constitución, el nuevo líder del Congreso Valentín Paniagua, asumió la presidencia a título provisional con el mandato específico de convocar a elecciones en abril del año 2001. El gobierno transitorio de Valentín Paniagua, sin ser un gobierno de Acción Popular, obtuvo el claro respaldo de Fernando Belaunde Terry que lo apoyó en todas sus acciones. Para el cargo del Presidente de Consejo de Ministros, Paniagua nombró al ex Secretario General de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuellar, quién aceptó la Jefatura del Gabinete Ministerial acompañado de un conjunto de personalidades independientes. El gobierno transitorio de Valentín Paniagua realizó un proceso electoral inobjetable, en el que Alejandro Toledo resultó ganador en la segunda vuelta sobre Alan García con el 55% de la votación, versus el 45% de su rival.
En sus últimos años, que coincidieron con el gobierno transitorio de Paniagua y el primer año de la administración de Alejandro Toledo, Fernando Belaunde proyectó la imagen de auténtico patriarca de la Nación, reconocido por las fuerzas políticas como líder de la democracia y figura emblemática de la austeridad y sobriedad republicana. Fernando Belaunde se había convertido al final de su vida en lo que los anglosajones denominan “elder statesman”, cuya voz reflejaba autoridad y sabiduría. Sus últimos días se vieron ensombrecidos por la muerte de su esposa, Violeta Correa Muller, que lo acompañó en la lucha política desde fines de los años 50 y fue compañera de su exilio entre 1970 y 1975, así como excelente consejera en la campaña de 1980 e inolvidable Primera Dama en su segundo periodo. La muerte de Violeta Correa, precipitó el fin de Fernando Belaunde Terry, quien antes dejó la jefatura de Acción Popular en manos de Valentín Paniagua. Al producirse su fallecimiento el 4 de junio del 2002, el gobierno decretó duelo nacional y el país entero se paralizó durante 3 días, mientras su féretro era conducido primero al local partidario de Acción Popular y luego a la Catedral de Lima, donde sus restos fueron visitados por miles de personas. Al terminar los servicios religiosos, a pedido del pueblo asistente, el cortejo fúnebre dio la vuelta a la Plaza de Armas y de ahí se dirigió a los Jardines de la Paz, en medio de la fervorosa ovación que el público emocionado, le prodigó a lo largo de su último camino.
Publicado en Oigaonline.com, diciembre 2010
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